En este artículo te informaremos acerca de qué es un Recurso Administrativo, los tipos de este y cuál es la diferencia con el Recurso Contencioso Administrativo.
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¿Qué es un recurso administrativo?
Es aquel que el interesado interpone contra un acto administrativo de la Administración pública. Se realiza por escrito, la impugnación es de naturaleza administrativa (NO es un recurso judicial).
Es la propia administración la que resolverá sobre su propia actuación. Por regla general, el interesado no puede impugnar directamente ante los tribunales un acto administrativo; antes debe interponer un recurso en vía administrativa, hasta que se ponga fin esta vía.
Mediante la presentación de este recurso el interesado controla la diligencia de la actuación administrativa de acuerdo a las leyes.
¿Cuáles son los tipos de recurso administrativos?
Hay recursos ordinarios y extraordinarios, y hay algunos llamados recursos especiales que son aquellos que tienen un régimen especial en la LPAC, por ejemplo los relacionados con materia de contratación.
Los recursos ordinarios son:
Recurso ordinario de alzada (art. 121 LPAC 39/20015)
Sirve para recurrir los actos administrativos resolutorios que NO ponen fin a la vía administrativa. Una vez interpuesto y tras su resolución, o el silencio, podremos acudir a los Tribunales, con él si se agota la vía administrativa.
Recurso ordinario de reposición (arts. 123 y 116 LPAC 39/2015),
Sirve para impugnar los actos que ponen fin a la vía administrativa, y es Se puede optar por impugnar directamente en los tribunales sin su interposición.
Y por último el recurso extraordinario de revisión (arts. 113 y 125 LPAC 39/2015) – sirve para impugnar los actos administrativos que ya son firmes.
¿Cuál es la diferencia entre un recurso en vía administrativa y un recurso Contencioso-Administrativo?
La diferencia es quién resuelven. Los recursos en vía administrativa son resueltos por la propia administración, revisa su propia actuación. Y los recursos de lo Contencioso-Administrativo serán los Juzgados y Tribunales los que resolverán, decidiendo si la Administración Pública ha actuado ajustada a derecho.
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